Derecho a la Educación

"Qué complicado y costoso es desmontar el andamiaje de un régimen político autoritario con las características del mexicano." Con esta frase lapidaria comienza Ana Laura Magaloni uno de los textos más inteligentes que he leído en relación con el actual conflicto magisterial que se vive en México. La investigadora reconoce la "admirable firmeza" de la Secretaría de Educación Pública para no claudicar en sus esfuerzos por iniciar la urgente transformación en el sector. Sin embargo, admite también que el mayor problema que enfrenta Vázquez Mota, titular de la dependencia, es que "la Alianza [por la Calidad de la Educación] pende frágilmente de los hilos impredecibles que mueven a la política mexicana". Lo que me parece más rescatable del texto, es que da un paso adelante: no se queda en la mera denuncia que tantos intelectuales y periodistas -legítima y necesariamente- han hecho de las nefastas consecuencias de este problema; plantea la urgencia de reforzar la naturaleza de la educación como un derecho fundamental, y sugiere un camino para lograrlo. Reproduzco algunos fragmentos de su artículo publicado hoy en Reforma, aclarando que las negritas van por mi cuenta.)

[Que la Alianza penda de los hilos de la política] se debe, en parte, a que la educación en el mejor de los casos se ha concebido como un mero servicio público y, en el peor, como una forma de generar redes clientelares al servicio de intereses particulares. La dimensión constitucional, y en este sentido jurídica, de la educación pública es inexistente, a pesar de que el artículo 3 de la Constitución establece que la educación es un derecho fundamental de todos los niños y jóvenes del país.

La característica central de todo derecho fundamental es que, al estar normativamente a nivel constitucional, impone límites y condicionamientos jurídicos a todos los poderes públicos. Tratándose del derecho a la educación, ello significa que existe un ámbito de las políticas y decisiones en materia educativa que no debe estar sujeto a negociación ni a la voluntad de los gobernantes. La Constitución establece un "núcleo duro" de políticas educativas que es removido de la arena política para pasar a ser protegido por el derecho y garantizado por los tribunales. Evidentemente dicho "núcleo duro" sólo se puede definir si llegan ante los jueces federales demandas en donde los alumnos de las escuelas públicas solicitan la protección de la justicia para que se haga efectivo su derecho constitucional a la educación.

Existe una amplia experiencia en el mundo en este tipo de litigios. En países tan diversos como Colombia, Estados Unidos, India, Alemania o Sudáfrica, por mencionar sólo algunos, alumnos de escuelas públicas, asesorados generalmente por asociaciones civiles dedicadas a la defensa de derechos ciudadanos, han llevado a los tribunales asuntos que plantean distintos aspectos del derecho a la educación. [...]

El impacto de estos litigios ha sido variado. Ninguno de ellos, evidentemente, ha aspirado a sustituir el efecto transformador que tienen las políticas públicas correctas, tanto legislativas como administrativas, sobre la calidad de la educación pública. Sin embargo, todos ellos, en mayor o menor medida, han incentivado la participación e involucramiento de la ciudadanía en la construcción de un mejor sistema de educación pública y, a la vez, han establecido límites jurídicos a lo discutible en la arena política.

Nada de ello ha ocurrido en México y no es culpa de los maestros ni del SNTE ni mucho menos de la SEP. La educación como derecho es un asunto que compete a los ciudadanos y depende, en último término, de los tribunales. La posibilidad de remover las potentes estructuras autoritarias y clientelares del sistema educativo pasa por que los ciudadanos dejemos de ser meros espectadores y pasemos activamente a defender lo que no puede ser negociable: la eficacia del derecho fundamental de los niños y jóvenes del país a una educación pública de calidad.